La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo busca impulsar y fomentar el estudio, la enseñanza y la divulgación de los derechos humanos a través de diversas estrategias, esto, con el propósito de salvaguardar los derechos de todas las personas en la entidad y consolidar una cultura de respeto conforme a los principios que garantizan los derechos de las personas con discapacidad.

Dentro de los temas que este Organismo de los Derechos Humanos aborda para su difusión y divulgación es el relacionado con la discapacidad, un grupo que por años ha sido víctima de discriminación, y conforme al Censo de Población y Vivienda de 2020, el total de la población del país (126 014 024), el 5.7% (7 168 178) vive con alguna discapacidad, y del total de las personas con discapacidad reporta que caminar, subir o bajar, son las actividades con mayor dificultad para su realización y las personas que se declaran con una discapacidad psicosocial o intelectual representan casi 1.6 millones. 

Las entidades con la menor prevalencia son Quintana Roo (4.34%), Nuevo León (4.60%) y Chiapas (4.63%); mientras que Oaxaca (7.22%), Guerrero (6.78%) y Tabasco (6.71%) reportan las prevalencias más altas.  

En el caso de Quintana Roo se tiene que el 3.6% de la población tiene alguna discapacidad. Por población etaria se estima que el 2.2% de la población de 0 a 17 años tiene alguna discapacidad; 1.7% la población de 18 a 29 años; 3.1% de 30 a 59 años y 18.8% de 60 años y más.

A nivel municipal se estima que el 5 % de la población en Bacalar tiene alguna discapacidad; 3.5% en Benito Juárez, 3.8% en Cozumel, 4.8% en Felipe Carrillo Puerto, 3.1% en Isla Mujeres, 5.1% en José María Morelos. 5.2% en Lázaro Cárdena, 4.8% en Othón P. Blanco, 3.3% en Puerto Morelos, 2.5% en Solidaridad y 2.6% en Tulum.

Ahora bien, uno de los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, lo que permitirá el acceso a sus derechos en igualdad de condiciones que las demás personas, para ello es necesario adoptar medidas para sensibilizar a la sociedad, incluso a las familias, para que tomen conciencia en fomentar el respeto de los derechos y a la dignidad  de las personas con discapacidad.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hace mención en su artículo 1° que las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, quienes al enfrentarse a las diversas barreras, éstas les impide su participación plena y efectiva en la sociedad; sin embargo, se suele afirmar que el problema más inmediato es la falta de accesibilidad en el entorno físico; en el Diagnóstico realizado por la SEDESOL se encontró que las PCD en México suelen residir en hogares donde la incidencia de pobreza es mayor, y se presentan rezagos en términos de ingreso, educación, salud, vivienda y alimentación; dichas personas son usualmente dependientes de familiares, además de sufrir de discriminación en diversos ámbitos. Esto es, las PCD en la realidad no tienen garantizado el pleno ejercicio de sus derechos sociales y humanos para el desarrollo de una vida independiente.

Entre los principales factores de esta situación se encuentra:

*baja participación en el mercado laboral; además quienes tienen empleo, la mayoría no cuenta con seguridad social; trabajan menos horas y su salario es menor que las personas sin discapacidad.

*menor nivel educativo, pues a mayor edad es más aguda la diferencia educativa.

*la dependencia de acceso a servicios de salud de otra persona en el hogar. Además, el rubro en gasto de salud de las PCD es más alto que en las personas sin discapacidad.

En Quintana Roo, de acuerdo al Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, las personas con discapacidad están en desventaja para el acceso efectivo a sus derechos sociales, como educación y seguridad social.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) menciona que en Quintana Roo, conforme a los datos obtenidos en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016, reflejan que el 49.4% de las personas con discapacidad están en situación de pobreza a nivel nacional. Asimismo, el porcentaje de personas con discapacidad en situación de pobreza estuvo 9.8 puntos porcentuales por debajo del porcentaje nacional en el mismo año, esto es 39.6% de la población con discapacidad. En 2016, el estado ocupó el lugar 23 respecto a las demás entidades federativas por su porcentaje de población con discapacidad en situación de pobreza, lo que equivale a aproximadamente 35,300 personas.

No obstante lo anterior, no hay que dejar de lado que la discriminación suele ser muy marcada en nuestro país, representando un problema social de relevancia, pues no solo excluye sino que restringe el reconocimiento o goce de algún derecho, vulnerando su dignidad humana. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Discriminación 2017, alrededor de una quinta parte de la población mayor a 18 años, afirmó haber sido discriminada, siendo las personas con discapacidad el principal grupo de población (25%), y el segundo que enfrentó al menos un incidente de negación de derechos.

En Quintana Roo, de acuerdo a la Encuesta Virtual Sobre Experiencias Discriminatorias, se obtuvo que, de un total de 143 personas con discapacidad participantes en dicha encuesta, el 69% afirmó haber sido discriminada.

Dentro de las discapacidades la discapacidad motriz es la más visibilizada, que si bien se han realizado acciones para garantizar la accesibilidad, aún queda mucho camino por recorrer, sin embargo, existen otras discapacidades consideradas invisibles, como lo son las personas con autismo, que sufren estigmatización, discriminación que incluye la privación injusta de atención de salud, educación y oportunidades para participar en sus comunidades.

Además, a las familias les impone exigencias considerables para la atención y apoyo, aunado a las actitudes sociales y el estado también son factores importantes que determinan la calidad de vida de las personas con autismo.

Ante ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 62/139 declaró el día 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo como un referente a la atención de las necesidades socioeconómicas de las personas, las familias y las sociedades afectadas por los trastornos del espectro autístico, los trastornos del desarrollo (TD) y las discapacidades asociadas.

En la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud, realizada en Ginebra del 19 a 24 de mayo de 2013, en su resolución WHA67.8 se señalaron las Medidas integrales y coordinadas para gestionar los trastornos del espectro autistas, en el que insta al Estado en su punto 8 a “…que promuevan la difusión de prácticas óptimas y conocimientos sobre los trastornos del espectro autista y otros trastornos del desarrollo…”, entre otras acciones enfocadas a garantizar los derechos de las personas con trastornos del espectro autista.

Por todo lo anterior es necesario emprender campañas para que la sociedad en su conjunto tenga conocimiento sobre cuáles son las barreras a las que se enfrentan las personas con TEA, ya que esto permitirá una adecuación conforme a las necesidades de este grupo de población, reforzando a su vez su inclusión.

Fomentar la inclusión brindando información sobre qué es el autismo, los distintos tipos de autismo, sus características y las barreras actitudinales de la sociedad que limitan los derechos de las personas que viven con trastorno del espectro autista, haciendo un llamado a la acción para la inclusión.

1. Informar qué es el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus características.
2. Abordar los prejuicios que prevalecen sobre las personas con autismo.
3. Fomentar prácticas que promuevan la inclusión.